Guatemala | Letter from Bob Perillo (En Espanol)
Letter from Bob Perillo (En Espanol)
El viernes 25 de febrero de 2010, International Rights Advocates (Abogados de Derechos Internacionales), una organización de derechos humanos sin fines de lucro, así como la firma jurídica Conrad and Scherer, entablaron otra demanda civil contra Coca Cola S.A. por un caso que implica una campaña de violencia –que incluye estupro, asesinato e intento de homicidio — contra dos sindicalistas guatemaltecos y sus familias. Dichos crímenes se cometieron a instancias de la administración de INCASA, propietaria de dos embotelladoras de Coca Cola y de una planta de café instantáneo (que también produce jarabe de Coca Cola para restaurantes de comida rápida) en Guatemala. Véase el texto de la demanda contra la Coca Cola en www.KillerCoke.org (en inglés). Los dos sindicalistas en cuestión son José Armando Palacios, quién fue obligado a huir a los EEUU a principios de 2006, y José Alberto Vicente Chávez, cuyos hijo y sobrino fueron asesinados y cuya hija fue violada en grupo el 1 de marzo de 2008.
Trabajé en los preparativos de la demanda arriba mencionada como investigador para-legal de campo para la ONG International Rights Advocates. Permítanme mencionar, sin embargo, que también tengo un interés personal en la misma porque en mi antiguo trabajo, en donde me desempeñé como enlace en América Latina del Proyecto Educación Laboral en las Américas (USLEAP), una ONG de derechos laborales con sede en los EEUU, defendí a uno de los demandantes, José Armando Palacios, cuando fuera despedido de INCASA como represalia por su trabajo de organización sindical. El Sr. Palacios era miembro del sindicato de trabajadores de INCASA, SITINCA, el cual está afiliado a FESTRAS, una federación guatemalteca para trabajadores en las ramas de bebidas y alimentación, y a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA). La UITA es una federación mundial de sindicatos, signataria en marzo de 2005 de una declaración conjunta con la Coca Cola, la cual constituye un paso más hacia un acuerdo marco mundial con esa compañía.
En junio de 2005 USLEAP incluyó el caso del Sr. Palacios y del sindicato SITINCA en una petición presentada conjuntamente con la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) ante la Oficina del Representante de Comercio de los EEUU. En dicha petición se exigía que Guatemala se excluyera de cualquier beneficio comercial derivado del Sistema General de Preferencias de los EEUU por su horrendo historial de violación a los derechos laborales; igualmente se incluía lo acontecido al Sr. Palacios como uno de los muchos ejemplos del fracaso del gobierno guatemalteco en el respaldo de niveles mínimos de derechos laborales.
El Sr. Palacios trabajó 27 años en la planta de café y jarabe de Coca Cola, propiedad de INCASA, en la Ciudad de Guatemala. A partir de su contratación en dicha planta, se afilió al sindicato SITINCA en donde llegó a ocupar un cargo de dirección en el decenio de 1980. En 1991 la gerencia le ofreció un puesto como guardia de seguridad dentro de la planta con la condición de que renunciara a su afiliación sindical. Si bien la condición exigida por INCASA era ilegal, el Sr. Palacios y sus compañeros sindicalistas acordaron que continuara apoyando al sindicato como guardia, aun cuando formalmente no siguiera afiliado al mismo. A principios de 2004, después de haberse desempeñado durante 13 años como guardia de seguridad afín al sindicato, el Sr. Palacios volvió a afiliarse a SITINCA, junto con otros dos guardias de seguridad en la planta a quienes, desafiando a la gerencia de INCASA, había organizado sindicalmente.
El Sr. Palacios recibió inmediatamente una amenaza de muerte del Gerente de Personal de INCASA, Eduardo García. A partir de entonces, el Sr. Palacios fue sometido a una creciente campaña de intimidación, acoso y violencia, incluyendo un atentado a su vida el 18 de junio de 2004. El 16 de abril de 2005 dos hombres entraron violentamente a su casa de habitación en momentos cuando el Sr. Palacios estaba ausente. Amarraron a su hijo, Rony Vladimir, le apuntaron con armas a él y a la esposa del Sr. Palacios, Sara Ramos, y amenazaron asesinarlos a ellos y al Sr. Palacios, si el Sr. Palacios continuaba causando problemas con sus actividades sindicales. Roslyn Yamilet, de 9 años de edad, hija del Sr. Palacios, también estuvo presente en el escalo de su hogar e igualmente fue sujeto de amenazas. Menos de un mes más tarde, el 6 de mayo de 2005, cuando era manifiesto que ni la violencia ni la intimidación podrían disuadir al Sr. Palacios de su trabajo sindical, INCASA lo despidió sin causa justa.
En los ocho meses siguientes el Sr. Palacios se dedicó a luchar por la reinstalación a su puesto de trabajo y a buscar apoyo para otros nueve afiliados de SITINCA, quienes fueron despedidos hacía unos años por sus actividades sindicales de la embotelladora de Coca Cola en Retalhuleu, Guatemala, propiedad de INCASA. Las amenazas e intimidaciones continuaron a lo largo de esos ocho meses, hasta que finalmente el Sr. Palacios y su familia se vieron forzados a esconderse en el área rural de Guatemala a fines de 2005. A fines de enero de 2006 el Sr. Palacios escapó milagrosamente de un intento de asesinato. Huyó a los EEUU en febrero de 2006 y recibió asilo político en 2007.
Considero que personalmente tengo una deuda moral enorme para con el Sr. Palacios y su familia porque como enlace en América Latina para USLEAP yo, ingenuamente, le di la impresión de que USLEAP podía apoyarlo en su lucha por justicia. Esa impresión, con el tiempo, terminó siendo peor que una mera falacia. Si bien en un inicio USLEAP apoyó al Sr. Palacios, su Director Ejecutivo, Stephen Coats, sucumbió posteriormente a la presión ejercida por la Coca Cola y la UITA, para terminar tirando a la boca del león al Sr. Palacios y a su familia. La Coca Cola infiltró al USLEAP y comprometió la misión del mismo al contratar como consultor a Stan Gacek, un miembro del Consejo de Directores del mismo USLEAP. El Sr. Gacek acababa de renunciar a su puesto de funcionario en el Departamento Internacional de la AFL-CIO cuando comenzó a trabajar para la Coca Cola en enero de 2006 – sin haberse inhibido de su participación en el Consejo de Directores del USLEAP. Dentro del marco de sus funciones duales como miembro del Consejo de Directores del USLEAP y de consultor de Coca Cola, el Sr. Gacek intervino directamente, supuestamente para ayudarlo, en el caso del Sr. Palacios; los sucesos acontecidos demostrarían más tarde, no obstante, que su interés real era que el Sr. Palacios renunciara a pelear por su reinstalación laboral y que Coca Cola saliera ilesa de las consecuencias derivadas de la violencia cometida contra el Sr. Palacios y su familia. Pasado cierto tiempo, el Sr. Gacek retomó su puesto de Director Asociado del Departamento Internacional de la AFL-CIO y, a la fecha, continúa fungiendo como miembro del Consejo de Directores del USLEAP.
Un problema medular del Sr. Palacios radica en el hecho que ni la federación a la cual pertenece su sindicato, es decir: FESTRAS, ni su correspondiente federación mundial, UITA, lo apoyaron en su lucha por la reinstalación laboral. Menos de dos meses antes de su despido en mayo de 2005, la UITA y la Coca Cola firmaron una declaración comprometiéndose a trabajar conjuntamente a fin de alcanzar un acuerdo marco. Dicha declaración significó dejar desprotegidos tanto al Sr. Palacios, como a otros nueve sindicalistas despedidos ilegalmente de la embotelladora de Coca Cola en Retalhuleu, Guatemala, propiedad de INCASA. Justamente cuando el Sr. Palacios se dedicaba a acopiar apoyo para su reinstalación laboral, los roces con la dirigencia de FESTRAS e, indirectamente, con la UITA fueron aumentando. A pesar de que el Secretario General de la UITA, Ron Oswald, me aseguró en enero de 2006 que estaba en pláticas con el Director Mundial de Relaciones Laborales de Coca Cola, Ed Potter, con vistas a lograr la reinstalación del Sr. Palacios y de dos de los nueves trabajadores despedidos de la embotelladora en Retalhuleu, el Sr. Palacios informó que FESTRAS propuso que todos los trabajadores despedidos de INCASA aceptaran una conciliación (en otras palabras, el pago de salarios vencidos e indemnización) en lugar de la reinstalación. Varios de los nueve trabajadores despedidos de la embotelladora sufrieron a fines de 2005 y comienzos de 2006 actos de violencia e intimidación, justo en las semanas previas a que se vieron forzados a desistir de su lucha por la reinstalación, a cambio de indemnización y algunos salarios vencidos. En ese momento, sin embargo, dichos actos no se hicieron del conocimiento público. Vale la pena mencionar que dentro del accionar jurídico, los juzgados habían repetidamente fallado a favor de la reinstalación de los nueve trabajadores de la embotelladora; INCASA, de todas formas, se rehusó a reinstalarlos en sus puestos de trabajo, y la Coca Cola no usó su influencia para que INCASA cambiara de postura.
A principios de diciembre de 2005, el Secretario General de la UITA, Ron Oswald informó a la oficina regional para Latinoamérica de la UITA que la Coca Cola estaba dispuesta a "asignar recursos para mejorar la seguridad" del Sr. Palacios, en otras palabras, que la Coca Cola estaba dispuesta a pagarle un esquema de seguridad para proteger su integridad física. La compañía, no obstante, según el Sr. Oswald, esperaba que se le entregara algún tipo de propuesta. Ni la UITA ni su afiliada, FESTRAS, informaron al Sr. Palacios de dicha propuesta. De hecho, él se enteró de la misma cuando yo se la comuniqué personalmente (el Sr. Oswald también había informado al USLEAP al respecto). Desesperado por proteger a su familia, el Sr. Palacios redactó una propuesta escrita para un esquema de seguridad y se la envió a la UITA, FESTRAS y USLEAP el 17 de diciembre de 2005. Días después, David Morales, Secretario General de FESTRAS, reprendió airadamente al Sr. Palacios por haberla enviado. El Sr. Palacios me informó que el Sr. Morales también se expresó en términos poco elogiosos sobre mi persona por haberle informado del ofrecimiento de Coca Cola. Al momento de informar sobre este incidente al Director Ejecutivo de USLEAP, Stephen Coats, su única reacción fue manifestar preocupación por el potencial daño ocasionado a las relaciones de USLEAP con FESTRAS.
De más está decir que nunca se implementó ningún esquema de seguridad para el Sr. Palacios. De hecho, el Sr. Oswald y el Sr. Coats se olvidaron de ese plan hasta que el 26 de enero de 2006, el Sr. Gacek, miembro del Consejo de Directores de USLEAP y consultor de Coca Cola a la vez, informó al Sr. Coats que el Sr. Palacios estaba dispuesto a renunciar a su reinstalación y que Coca Cola cubriría su esquema de seguridad. Es un verdadero misterio cómo el Sr. Gacek llegó a la convicción de que el Sr. Palacios desistiría de luchar por su reinstalación. De hecho, el Sr. Palacios jamás hubiera podido insinuar que desistiría de su lucha. El 27 de enero de 2006, el Sr. Palacios y yo llamamos al Sr. Gacek para refutarle esa información y preguntarle de dónde la había obtenido. El Sr. Gacek no nos dio contestación alguna. Antes de terminar la conversación, el Sr. Palacios reiteró que continuaría exigiendo su reinstalación. Al día siguiente un asesino se acercó a la casa de habitación del Sr. Palacios en la Ciudad de Guatemala y asesinó a un hombre cuya descripción coincidía con la del Sr. Palacios y que salía del carro que había estacionado afuera de dicha residencia. El Sr. Palacios, que había ido brevemente a su casa a recoger ropa (porque estaba viviendo en un lugar secreto en otra ubicación), estaba a menos de un metro del hombre muerto a balazos. El asesino abandonó tranquilamente a pie la escena del crimen después de asestarle tres tiros a la víctima. El Sr. Palacios está convencido de que él era la victima buscada y de que el asesino mató al otro por no haberlo identificado correctamente como el Sr. Palacios.
Después de ver la muerte tan de cerca, el Sr. Palacios decidió que tenía que desistir de su lucha por su reinstalación laboral y abandonar Guatemala. (los nueve sindicalistas despedidos de la embotelladora de Retalhuleu también se renunciaron de su reinstalación el 31 de enero de 2006). Aproximadamente una semana más tarde, huyó a los EEUU. Desafortunadamente, su familia no lo pudo acompañar porque su esposa e hija carecían de visas norteamericanas. Antes de partir a los EEUU, el Sr. Palacios se escondió en diversos hoteles de la Ciudad de Guatemala, protegido por un grupo de acompañamiento internacional. En ese lapso, el Lic. Rodrigo Romero, abogado para la Coca Cola de Costa Rica, lo abordó. El Sr. Palacios le pidió asistencia para proteger a su familia. El Lic. Romero, sin embargo, opinó que tenía una mejor idea: que el Sr. Palacios pusiera el precio que quisiera de tal forma que la coca Cola pudiera "concertar una reunión entre Usted y un cheque" – a cambio de abandonar cualquier reclamo legal contra Coca Cola, y prometer a guardar silencio permanente sobre lo que le había pasado. El Sr. Palacios rechazó la oferta. Poco tiempo después de esa reunión, recibí un correo electrónico del Secretario General de la UITA, Ron Oswald, en donde expresó su preocupación – no por la seguridad física del Sr. Palacios y su familia – sino por la posibilidad de que , de huir a los EEUU, el Sr. Palacios, podría pudieraa ponerse en contacto con el Sr. Terry Collingsworth del Fondo Internacional para los Derechos Laborales (ILRF) y enjuiciara a la Coca Cola (actualmente el Sr. Collingsworth es el Director Ejecutivo de International Rights Advocates y es miembro de la firma jurídica Conrad and Scherer). El Sr. Oswald insinuó que no ayudaría al Sr. Palacios si abandonaba Guatemala.
El Director Ejecutivo de USLEAP, Stephen Coats, encontró posteriormente una solución casi perfecta al problema de cómo proteger a Coca Cola de una acción judicial, al mismo tiempo que fingía dar asistencia a las víctimas: recomendó que el Sr. Palacios aceptara como asesor legal a una abogada de Michigan quien reconoció que no tenía ninguna capacidad ni intención de entablar una demanda judicial contra la Coca Cola. El Sr. Palacios aceptó la sugerencia con renuencia. El Sr. Coats también concertó una reunión entre el Sr. Palacios y el Sr. Gacek quien cumplía su doble función de miembro del Directorio de USLEAP y de consultor para Coca Cola. En esa reunión, celebrada en Nueva York el 9 de febrero de 2006, el Sr. Gacek le pidió al Sr. Palacios copias de toda la documentación sobre su caso y le prometió que lograría que Coca Cola "hiciera lo correcto". El Sr. Palacios, con renuencia, le envió al Sr. Gacek una copia de su carpeta de caso. Eso sería lo último que escucharía del Sr. Gacek quien regresó un tiempo después, en ese mismo año, al Departamento Internacional de AFL-CIO.
Posteriormente el Sr. Palacios me informó que entregó la copia de su documentación y que accedió a que la abogada de Michigan lo representara porque temía por la integridad física de su familia en Guatemala. Concluyó, y con toda razón, que mientras que su familia estuviera en una posición vulnerable él no podía darse el lujo de equivocarse sobre el lado a tomar con respecto a Coca Cola o al USLEAP. Meses después de la huída del Sr. Palacios de Guatemala, hombres desconocidos continuaban presentándose a la antigua residencia del Sr. Palacios en la Ciudad de Guatemala para preguntar sobre el paradero de él y de su familia.
La oferta de seguridad hecha por la Coca Cola siempre estuvo sujeta a condiciones: el Sr. Palacios hubiera podido esperar la protección de INCASA única y exclusivamente si hubiera aceptado renunciar a su lucha por la reinstalación. Además, se evidencia que la comunicación enviada por Stan Gacek al Sr. Coats el 26 de enero de 2006, en donde mendazmente afirmaba que el Sr. Palacios había accedido a desistir de su reinstalación laboral, era un sutil ultimátum. La reunión con el Sr. Gacek y el arreglo con la abogada de Michigan no fueron más que un minuciosa farsa con el fin de proteger a la Coca Cola de un juicio legal –y, en el caso de la documentación pedida y recibida por el Sr. Gacek, con el fin de ayudar a la Coca Cola a prepararse para la farsa de negociaciones que esa compañía celebraría poco tiempo después con el Sr. Palacios por mediación de la abogada de Michigan. El Sr. Palacios se sintió obligado a continuar con dichas negociaciones, sin firmar la oferta de conciliación propuesta por la Coca Cola, hasta que su familia obtuviera la autorización para reunirse con él en los EEUU, lo que finalmente ocurrió el 31 de agosto de 2008. Una vez su familia estuvo en un ambiente seguro fuera de Guatemala, el Sr. Palacios despidió a la abogada de Michigan e interrumpió las negociaciones con la Coca Cola.
La impunidad que gozaron INCASA y Coca Cola en el caso Palacios determinó el escenario para la próxima vuelta de violencia contra el sindicato SITINCA. Después de más de un año de difíciles negociaciones, SITINCA firmó la renovación de un contrato colectivo con INCASA el 21 de febrero de 2008. José Alberto Vicente Chávez, miembro prominente del comité Ejecutivo de SITINCA en la embotelladora de Coca Cola en Retalhuleu desde la década de 1990, participó activamente en esas negociaciones. En la semana posterior al 21 de febrero de 2008 el Sr. Vicente dirigió esfuerzos sindicalistas que buscaban asegurar el cumplimiento del pacto colectivo recién firmado. La tinta del pacto todavía estaba fresca cuando INCASA ya había violado las condiciones del mismo. En los días posteriores a la firma el Sr. Vicente tuvo varias confrontaciones con la gerencia de INCASA. Ante la frustración por las infracciones al contrato colectivo cometidas por INCASA, el Sr. Vicente y un compañero enviaron un correo electrónico el 26 de febrero de 2008 a la oficina regional de la UITA pidiendo su intervención. Al día siguiente, el Sr. Vicente fue convocado a una reunión por el Secretario General de FESTRAS, David Morales, que se celebraría dos días después en la Ciudad de Guatemala. En dicha reunión, el Sr. Morales manifestó estar molesto porque el Sr. Vicente se había puesto en contacto con la UITA para quejarse de las violaciones de INCASA al pacto colectivo.
En la mañana del 1 de marzo de 2008, cuando la familia del Sr. Vicente lo esperaba en una parada de bus en Retalhuleu de su regreso de la reunión antes descrita con FESTRAS, fue atacada por un grupo de sicarios armados que asesinaron a un hijo y un sobrino del Sr. Vicente y luego violaron en grupo a su hija de dieciséis años de edad. Los matones le dijeron a la hija que se les había encargado para que mataran a la familia del Sr. Vicente; la hija pudo escaparse de los matones después de que la violaron. El Sr. Vicente, quien continúa ocupando un puesto de dirección en SITINCA y quien continúa trabajando en la embotelladora de Coca Cola, fue obligado a vivir en la clandestinidad con los sobrevivientes de su familia. Así han permanecido los últimos dos años.
Después del ataque, las autoridades guatemaltecas ubicaron a algunos de los asesinos, mataron al menos uno de ellos y arrestaron a otros tres. Los arrestados fueron sentenciados por el ataque y recibieron largas penas de internamiento, después de que la hija del Sr. Vicente valientemente testificara contra ellos en su juicio. El juzgado, sin embargo, se rehusó a indagar sobre los autores intelectuales del crimen, aun cuando uno de los atacantes tiene parentesco con tres miembros prominentes de Solidarismo, la organización anti-sindicalista controlada por la gerencia de INCASA en la embotelladora de Retalhuleu.
La AFL-CIO incluyó un informe del ataque a la familia del Sr. Vicente como anexo en su petición de 2008 a la Oficina para Asuntos Comerciales y Laborales de los EEUU (OTLA) a fin de excluir la participación de Guatemala en el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA). La AFL-CIO, no obstante, proporcionó información poco fidedigna en esa petición porque afirma, equivocadamente, que el ataque ocurrió cuando el Sr. Vicente regresaba de la Ciudad de Guatemala, donde había presentado una denuncia (presuntamente ante las autoridades), cuando en verdad regresaba de la reunión ya descrita con FESTRAS. USLEAP repitió la misma información equivocaba en su sitio web. La UITA aparentemente utilizó el ataque a la familia del Sr. Vicente para presionar a la Coca Cola a considerar la compra de la embotelladora de INCASA. Según se dice, en los últimos dos años la UITA y la Coca Cola han estado discutiendo dicha adquisición en reuniones periódicas en Atlanta. El sindicato al que pertenece el Sr. Vicente, SITINCA, sin embargo, ha sido excluido de las mismas. Un participant, en esas reuniones, miembro de otro sindicato de Coca Cola, informó al Sr. Vicente que la Coca Cola propuso una teoría propia que explica el crimen de la siguiente manera: la familia fue atacada porque el hijo del Sr. Vicente estaba comprometido en una relación amorosa con la novia de un jefe de pandillas. Juzgando por su silencio con respecto al tema, la UITA al parecer ha aceptado esa teoría. Dicha teoría jamás se mencionó en los juicios seguidos a los criminales arrestados –quienes simplemente negaron su implicación en el crimen --. El Sr. Vicente insiste en que esa información no es cierta y se pregunta cómo la Coca Cola pudo haberla obtenido.
La AFL-CIO hubiera podido verificar fácilmente los hechos del caso pero ni siquiera se tomó la molestia de entrevistar al Sr. Vicente o a su familia ni de pedirles permiso, antes de redactar el anexo a la petición. Con el hecho de incluir ese caso en la petición del CAFTA, la AFL-CIO pudo haber aumentado el riesgo que corría el Sr. Vicente y su familia; después de todo, el Sr. Vicente y su familia se han visto forzados a permanecer escondidos justamente porque el Sr. Vicente ha recibido amenazas de muerte, aparte de que desconocidos armados han continuado buscándolos a él y a su familia en su antigua residencia en Retalhuleu. En mayo de 2009 el Sr. Vicente se puso en contacto con el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO con el fin de hacerles ver el error y solicitarles asistencia para cubrir los altos costos asociados al mantenimiento de su familia en la clandestinidad. La AFL-CIO le dio una asistencia económica pequeña, pero luego decidió lavarse las manos y eliminar su caso en la siguiente fase del proceso de petición ante la OTLA. De esta manera, pues, organizaciones que aducen apoyar los derechos laborales en Guatemala dejaron totalmente abandonados al Sr. Vicente y su familia, de la misma manera en que ya habían dejado abandonados al Sr. Palacios y a su familia anteriormente.
Con un cinismo sorprendente, el Director Ejecutivo de USLEAP, Stephen Coats, no haya tenido ningún remilgo en usar el caso de INCASA para ensalzarse. En el Boletín de USLEAP del verano de 2008, el Sr. Coats, después de haber entregado un informe equivocado sobre el ataque a la familia del Sr. Vicente, afirma que "en enero de 2006 USLEAP contribuyó a facilitar la salida hacia los EEUU de José Armando Palacios, quien casi fuera asesinado después de meses de amenazas contra él y su familia." En verdad, lo que USLEAP "facilitó" en el caso del Sr. Palacios, fue la derrota de su valerosa batalla por la reinstalación laboral. Es más, después de haber trabajado para proteger a la Coca Cola de acciones legales – en lugar de exigir que ésta protegiera al Sr. Palacios y su familia — y de haber guardado silencio público sobre la complicidad de la Coca Cola en el caso, incluyendo la infiltración de la Coca Cola al USLEAP, una ONG supuestamente independiente, el Sr. Coats ayudó a sentar las bases para los actos de violencia contra la familia del Sr. Vicente.
Por mi parte, como ex Enlace en América Latina para USLEAP (me renuncié a principios de 2007), pido disculpas por no haber denunciado el conflicto de intereses de USLEAP desde el inicio. Ahora, con la perspectiva, reconozco que de haberlo hecho a tiempo, tal vez en aquel momento se hubiera podido disminuir los daños. Sobre todo, les pido al Sr. Palacios y a su familia que me perdonen.
Espero que tanto el Sr. Palacios y su familia como el Sr. Vicente y su familia puedan finalmente lograr que se haga justicia en sus casos contra la Coca Cola. Igualmente espero que todos los y las activistas de corazón en pro de los derechos humanos y laborales los apoyen en esa lucha.
Atentamente,
Bob Perillo
